Defensa ante inspecciones y procedimientos de Hacienda

Para la vía administrativa, no. El obligado tributario puede actuar por medio de representante, y la propia Ley General Tributaria menciona al asesor fiscal como uno de ellos (art. 46.1 LGT); para interponer recursos y reclamaciones basta acreditar la representación por cualquier medio válido en Derecho (art. 46.2 LGT). Eso cubre todo el camino ante la Agencia Tributaria y ante el TEAR o el TEAC. La asistencia de abogado pasa a ser preceptiva cuando el asunto llega al recurso contencioso-administrativo, y ante los órganos colegiados hace falta además procurador (art. 23 de la Ley 29/1998).

Puede, y a veces es lo sensato si lo que piden es una factura concreta. El riesgo aparece cuando la contestación reconoce hechos: los datos que usted consigna en sus declaraciones y escritos se presumen ciertos para usted y solo se rectifican mediante prueba en contrario (art. 108.4 LGT), que admite cualquier medio, incluida la corrección de una calificación jurídica equivocada. Antes de contestar conviene entender qué está preguntando la Administración de verdad, que no siempre coincide con lo que pide literalmente. Y si el plazo aprieta, se puede pedir una ampliación de la mitad, siempre que se solicite antes de los tres días previos a su vencimiento (art. 91 RD 1065/2007).

El plazo máximo es de 18 meses con carácter general, y de 27 cuando la cifra anual de negocios obliga a auditar las cuentas o el obligado está integrado en un grupo en consolidación fiscal que está siendo comprobado (art. 150.1 LGT). A eso se suman las suspensiones tasadas del art. 150.3 LGT y las extensiones de tres o seis meses por aportación tardía de documentación (art. 150.5 LGT). Superar el plazo no produce la caducidad del procedimiento, pero sí tres efectos concretos: la prescripción deja de considerarse interrumpida, los ingresos hechos entretanto pasan a ser espontáneos y no se exigen intereses de demora por el exceso (art. 150.6 LGT).

Es una cuenta, no una cuestión de carácter. La conformidad reduce la sanción un 30 por ciento y, si además se paga en periodo voluntario sin recurrir, se descuenta otro 40 por ciento sobre lo que quede (art. 188.1 y 188.3 LGT). A cambio, los hechos aceptados en el acta se presumen ciertos y solo pueden rectificarse probando un error de hecho (art. 144.2 LGT). Cuando lo que se discute es una valoración o una calificación jurídica, firmar suele salir caro; cuando es un ajuste que no tiene defensa, suele salir barato. Le damos el número de las dos opciones antes de que decida.

La sanción, sí: queda suspendida de forma automática y sin necesidad de garantía por el hecho de recurrir en tiempo y forma, hasta que sea firme en vía administrativa (art. 212.3 LGT). La cuota y los intereses, no: para suspenderlos hay que garantizar con alguna de las tres que enumeran los arts. 224.2 y 233.2 LGT: depósito de dinero o valores públicos; aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o de sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución; y fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia, en los supuestos que establezca la normativa tributaria. Si no puede aportar ninguna de las tres, todavía cabe pedir otras garantías (art. 233.3 LGT) o la dispensa cuando la ejecución cause perjuicios de difícil o imposible reparación (art. 233.4 LGT). Y si el acto acaba anulado, el coste de la garantía se reembolsa (art. 33 LGT).

Sí, pero no discutiendo el fondo de la deuda. Contra la providencia de apremio solo se admiten cinco motivos de oposición: extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago; solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en periodo voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación; falta de notificación de la liquidación; anulación de la liquidación; y error u omisión en la providencia que impida identificar al deudor o la deuda (art. 167.3 LGT). Dos de ellos —la falta de notificación y la anulación de la liquidación— aparecen más veces de lo que se supone, y por eso lo primero que revisamos es cómo se notificó lo anterior.

Con un coste cerrado que le indicamos antes de empezar. La contestación a un requerimiento, la asistencia durante el procedimiento inspector y la vía de revisión se presupuestan por separado, porque son trabajos distintos y en cada punto usted decide si continúa con el número delante. No cobramos un porcentaje de lo que se deje de pagar: eso premia recurrirlo todo, incluso aquello que no tiene defensa y solo añade recargos e intereses.